Aunque la renta será la que libremente estipulen las partes, sin limitaciones para fijar su precio, la problemática surge al determinar sus requisitos.
Analizamos las sentencias sobre esta cuestión fundamental en los arrendamientos de vivienda posteriores al 1 de enero de 1995, de la que derivan numerosos interrogantes ante la falta de pacto entre las partes: ¿Dónde realizar el pago? ¿En qué plazo hay que satisfacer el importe? ¿El retraso será causa de resolución? ¿Debe entregarse un recibo?
Por otro lado, resulta imprescindible conocer quién es el responsable de abonar la renta en el caso de cambio en la figura del arrendatario. Mostramos así resoluciones sobre el supuesto del cónyuge al que se le atribuye judicialmente el uso o cuando existe abandono de la finca por el titular arrendaticio.

El carné por puntos supone que los conductores cuentan con un crédito inicial que podrá verse reducido cuando se cometan determinadas infracciones administrativas, llegando a la retirada del permiso de conducir cuando se sanciona con la detracción de todos los puntos. Una vez producida dicha situación, el uso de un vehículo puede dar lugar al delito de conducción por pérdida de la totalidad de los puntos específicamente recogido en el Código Penal.
El tratamiento por los Tribunales de todo lo anterior ha dado lugar a una amplia casuística que se analiza en esta publicación tanto desde la vertiente administrativa como desde la penal. Así, se presentan respuestas jurisprudenciales a las alegaciones de los conductores por defectos del procedimiento, de las sanciones o de las infracciones.

Las cláusulas de las pólizas de seguro se recogen en las condiciones generales y particulares mencionadas en el art. 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el que se establece el régimen al que tienen que estar sometidas. La interpretación de dicho artículo ha generado una cantidad ingente de litigios dando lugar a una amplísima casuística que recogemos en esta selección de jurisprudencia.
Para facilitar el estudio al profesional, hemos dividido este extenso compendio en dos grandes bloques. En la primera parte, se presentan los requisitos comunes a las condiciones generales y particulares; en la segunda, se comprueba la especial dificultad existente para delimitar las diferentes cláusulas mediante la aplicación de esos criterios a cada seguro de manera específica.

La litispendencia presenta un doble aspecto. Por un lado, consiste en los efectos que se atribuyen a la admisión de la demanda, tal como disponen los arts. 410 y ss. en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; y, por otro, hablamos de litispendencia como excepción procesal de los arts. 416.1.2 y 421 LEC.
Pero ¿conocemos la diferencia con la cosa juzgada? ¿Y con la cuestión prejudicial o litispendencia impropia? En la presente selección, analizamos los requisitos exigidos por la Sala Primera y una rica casuística en la que hemos ido examinando distintos supuestos como son, por ejemplo, la litispendencia entre acciones colectivas e individuales, los casos de arbitraje, cambiario y desahucio, o los procesos de capacidad, monitorio y de familia, entre otros.

¿Ha de pagar el propietario del local los gastos de reforma del portal, los de instalación del ascensor o los derivados de la supresión de barreras arquitectónicas?
La respuesta, en principio, sería afirmativa. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.1 e) LPH, es obligación de todo comunero hacer frente al sostenimiento de los gastos comunes, sin que la no utilización de un servicio le exima de este cumplimiento. No obstante, hay que tener en cuenta que tanto el Título como la Comunidad pueden exonerar del pago a determinados propietarios, pero ¿cómo hemos de interpretar estas cláusulas? ¿Cuál quorum es necesario para la exoneración? ¿Qué alcance tiene el acuerdo tácito? La jurisprudencia seleccionada en este estudio responde a la casuística que este tema ha generado, la cual es imprescindible para saber si propietario debe abonar o no un determinado gasto.

¿Cómo se aporta un mensaje de WhatsApp para que sea válido? ¿Y uno de correo electrónico? ¿Qué ocurre con las conversaciones en redes sociales como Facebook o Twitter?
La incorporación al proceso judicial de estos medios de prueba es uno de los nuevos problemas a los que se enfrenta el abogado en su día a día. Dada la falta de regulación concreta, existen muchas diferencias en cuanto a su valoración y forma de aportación por parte de los Tribunales. Por ello presentamos esta Selección de Jurisprudencia, donde recogemos las principales resoluciones divididas en dos grandes grupos: por un lado, las pruebas derivadas de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., y, por otro, las evidencias relacionadas con correos electrónicos, páginas webs y otros dispositivos.

Para este último Cuaderno del año, MIGUEL ÁNGEL LUELMO MILLÁN, Exmagistrado del Tribunal Supremo y con una dilatada experiencia en la carrera judicial, realiza un análisis sobre la buena fe en el orden jurisdiccional social, concepto sobre el que se sustenta el nacimiento de las obligaciones recíprocas entre las partes de la relación laboral y que, al mismo tiempo, provoca importantes repercusiones prácticas en el proceso.
Además, respondemos a las cuestiones más prácticas relacionadas con el depósito y la consignación. Para finalizar, la selección de jurisprudencia trata, en esta ocasión, sobre la movilidad funcional y geográfica, cada vez más frecuente en el marco jurídico laboral.

La pensión alimenticia reviste tal trascendencia que constantemente nuestros Tribunales se ven obligados a diseñar nuevas soluciones, así como a actualizar los criterios existentes. A través de esta selección de jurisprudencia queremos mostrar los criterios jurisprudenciales más actuales en materia de modificación de medidas, ya se trate de aumento, reducción, extinción o suspensión. También pretende dar a conocer las reglas que se deben aplicar en materia de retroactividad de la nueva cuantía fijada y mostrar las nuevas realidades que justifican una limitación temporal. Finalmente, hemos incluido las distintas situaciones de incumplimiento, diferenciando sus causas y posibles consecuencias.

¿Cuándo opera como atenuante la reparación del daño ocasionado? ¿Debe hacerlo el propio responsable del delito o puede hacerlo otra persona en su nombre? ¿En qué momento debe producirse ese resarcimiento? ¿En qué consistirá? ¿Cabe que sea parcial? ¿Qué elementos han de concurrir para que se aplique?
Estas y otras cuestiones tienen cabida en el presente Cuaderno, en cuyo apartado de Jurisprudencia al Detalle se analiza, de forma sistemática y muy práctica, la doctrina dictada por nuestros Juzgados y Tribunales, a través de sus resoluciones, sobre los distintos aspectos de esta circunstancia atenuante de la responsabilidad penal.

La falta de concesión de créditos o préstamos hipotecarios para la compra de nueva vivienda dio lugar a un incremento de las reformas, lo que ha generado una interesante casuística que se recoge en la presente publicación. Nos hemos limitado a la derivada de la ejecución de trabajos en la residencia privativa, puesto que la generada por rehabilitación o renovación de elementos comunes es de tal magnitud que deberá ser tratada en otra ocasión. La primera parte de este monográfico desarrolla los criterios generales de la responsabilidad civil que se han de tener en cuenta para su posterior aplicación práctica. La segunda parte muestra la consecuencia de la aplicación de estos principios en los conflictos generados por las obras de reforma de determinados elementos de la vivienda, como la fachada, el baño o la cocina, entre otros.